España y sus élites extractivas

DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES AL FRACASO DE LOS PAISES

En anteriores artículos he sostenido la tesis de que la élite del poder político en España, las personas situadas en los puestos clave del Estado, son el brazo armado de las élites económicas y financieras. Éstas aúpan y financian a sus hombres de confianza, a cambio de que éstos defiendan y perpetúen su status quo. 

            Esa tesis hunde sus raíces en una observación de Adam Smith a la que suele prestarse poca atención:

            El Estado, en tanto que instituido para salvaguardar la propiedad, está realmente instituido para defender a los ricos de los pobres, o de aquellos que tienen propiedad de aquellos que no la tienen.  [La Riqueza de las Naciones, Libro V. Capítulo 1, § 55]

            Y también en algunos ejemplos recientes en los que las discrepancias entre las élites económico-empresariales y las élites políticas han puesto a estas últimas en serios aprietos.

            Sin embargo, hay quienes han observado, no sin parte de razón, que mis argumentos partían de premisas un tanto anticuadas (pues las tesis de Smith fueron formuladas en unas circunstancias político-económicas distintas a las actuales) y que adolecían de falta de concreción. Pues bien, en el presente artículo voy a tratar de subsanar ambas carencias.

Para ello voy a dejar a un lado a Adam Smith (aunque solo de momento, pues considero que sus observaciones siguen siendo extremadamente valiosas) y voy a estudiar la interrelación entre las élites económicas y la oligarquía política en España, basándome en la tesis planteada Daron Acemoglu  y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, publicado en 2012.

SON LAS INSTITUCIONES, ESTÚPIDO

Según Acemoglu y Robinson, ambos profesores formados en la ortodoxia liberal, el fracaso o el éxito de los países depende de las instituciones:

El éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y los incentivos que motivan a las personas.

 Estas instituciones pueden ser, fundamentalmente, de dos tipos: Por un lado, tenemos las instituciones políticas inclusivas, que reparten ampliamente el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario, de modo que quienes controlan el político no pueden utilizarlo fácilmente para establecer instituciones económicas extractivas en beneficio propio. (ACEMOGLU y ROBINSON, 2013 : 105) 

Por otro lado, tenemos las instituciones políticas extractivas, que concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder, al tiempo que las instituciones económicas a menudo están estructuradas por esa élite para extraer recursos del resto de la sociedad.  (ACEMOGLU y ROBINSON, 2013 : 103)

La sinergia entre instituciones políticas y económicas inclusivas forma un círculo virtuoso que fortalece el sistema:

Las instituciones económicas inclusivas, a su vez, se forjan sobre bases establecidas por las instituciones políticas inclusivas, que reparten ampliamente el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario. Estas instituciones políticas también dificultan que otras personas usurpen el poder y socaven las bases de las instituciones inclusivas. Quienes controlan el poder político no pueden utilizarlo fácilmente para establecer instituciones económicas extractivas en beneficio propio. Y estas instituciones económicas inclusivas, a su vez, crean un reparto más equitativo de los recursos, facilitando la persistencia de las instituciones políticas inclusivas. (ACEMOGLU y ROBINSON, 2013 : 105)

            Por el contrario, la relación que se establece entre estructuras políticas y económicas extractivas da lugar a un círculo vicioso:

            La relación sinérgica entre las instituciones económicas y políticas extractivas introduce un bucle de fuerte retroalimentación: las instituciones políticas permiten que las elites controlen el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan. También permiten que las elites estructuren las futuras instituciones políticas y su evolución. A su vez, las instituciones económicas extractivas enriquecen a esas mismas elites, y su riqueza económica y su poder ayudan a consolidar su dominio político. (ACEMOGLU y ROBINSON, 2013 : 67)

Vista la tesis, es el momento de aplicarla al caso español y estudiar, en primer lugar, cómo reparten el poder sus instituciones políticas.

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS ESPAÑOLAS: TEORÍA Y PRÁCTICA

Tras una primera aproximación teórica, podríamos concluir que nuestras instituciones políticas son de carácter inclusivo, pues España, según su Constitución,  es un estado social y democrático de derecho. Ésta, así mismo, consagra el pluralismo político como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1) y confía a los partidos políticos, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (art. 6), la expresión de dicho pluralismo. La división de poderes parece también estar garantizada, pues la carta magna otorga a las Cortes Generales la potestad legislar y controlar al gobierno (art. 66) y la administración de justicia a los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, que habrán de ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117).

Sin embargo si miramos con mayor detenimiento, observamos que en la práctica el poder no está tan repartido como a primera vista podría pensarse y que este se concentra, fundamentalmente, en la cúpula de los partidos políticos, que son quienes controlan los partidos y, una vez que acceden al poder, el resto de las instituciones. Veamos las causas:

En primer lugar, esto es debido a la propia estructura de los partidos políticos, que dista mucho de ser verdaderamente democrática: Por un lado el número de sus afiliados es muy reducido, nunca va más allá de un 3,5% de los españoles en edad de votar. Por otro, la influencia que tienen dichos afiliados en los partidos no deja de ser, en la mayor parte de los casos, meramente  testimonial,  y siempre condicionada por los intereses de los distintos grupos o familias que buscan ocupar la cúpula del partido.

En segundo lugar, a la falta de democracia dentro de los partidos hay que añadir los efectos de la ley electoral que por un lado, con la ponderación del reparto de escaños (la conocida como Ley D’Hont), favorece la formación de mayorías absolutas; al tiempo que por otro, mediante el establecimiento de listas cerradas por circunscripciones, provoca que las cúpulas de los partidos puedan diseñar las listas para situar a sus hombres de confianza al frente de éstas y que resulte más sencillo establecer redes cuasi caciquiles de captura de votos.

El último gran problema es la falta de una división de poderes efectiva. La tarea de control sobre el ejecutivo que las Cortes tienen encomendada suele seguir un camino inverso al inicialmente propuesto y el ejecutivo es realmente quien controla, mediante la disciplina de voto impuesta dentro de los partidos, a los órganos legislativos, de modo que los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros suelen contar de antemano con la aprobación del Congreso.

Del mismo modo, la elección de los órganos de gobierno de los jueces, del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del ministerio fiscal está en manos del ejecutivo y de las Cortes controladas por éste, lo que en la práctica condiciona la composición de sus miembros y, en cierto modo, orienta las decisiones de éstos a la voluntad del partido en el gobierno, como han puesto de manifiesto algunos episodios recientes, tales como las maniobras llevadas a cabo para que un juez afín juzgase a Rodrigo Rato o el ascenso del fiscal que consiguió la condena del juez que encarceló al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por citar dos ejemplos muy significativos.

            Así las cosas, vemos como en la práctica las instituciones políticas en España se concentran en manos de una élite reducida: El presidente del gobierno suele ser el presidente de un partido.  A la hora de diseñar su gabinete suele echar mano de los hombres fieles del partido, independientemente de sus conocimientos sobre la cartera encomendada. Mediante la disciplina de voto se asegura que los miembros de su partido saquen adelante en las Cortes, sin cuestionarlas, las leyes que el ejecutivo promueva.  Finalmente,  elijen jueces para las altas instituciones de la judicatura afines a su partido, de modo que se fijan pocos límites al ejercicio de su poder. 

            Las instituciones políticas españolas bien podrían considerarse, a tenor de lo expuesto instituciones extractivas. De este modo, siguiendo los postulados de Acemoglu y Robinson, no sería descabellado pensar que las instituciones económicas nacidas al amparo de éstas estuvieran estructuradas por esa élite para extraer recursos del resto de la sociedad, es decir, serán instituciones diseñadas para expropiar los recursos de la mayoría, para levantar barreras de entrada y para suprimir  el funcionamiento de mercados, que solamente beneficiarán solamente a un número reducido de personas. ¿Es esto lo que ha sucedido en España? A ello trataré de responder en el siguiente artículo


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