El día que Goya pintó a dos españoles debatiendo sobre la ley del aborto

Francisco de Goya lo plasmó gráficamente hace un par de siglos: cuando los españoles tenemos que reflexionar sobre asuntos trascendentales nos enterramos en barro hasta las rodillas, nos pertrechamos con un buen garrote, y nos liamos a sacudir golpes a diestro y siniestro;  así, lo que en otros países se dilucida mediante serenas lluvias de ideas, en España se acaba convirtiendo en un aguacero de hostias. 

Nuestros políticos, grandes conocedores y defensores de nuestras miserias patrias, jamás desaprovechan la ocasión de beneficiarse de ellas. De este modo, cuando se quedan sin argumentos racionales para defender su gestión, nada mejor que acudir a los irracionales y atávicos para que la gente se meta en su trinchera y comience a lanzar piedras.

Zapatero lo hizo en 2010. Después de que dos años antes hubiese eliminado el impuesto de patrimonio (medida social por excelencia) y cuando comenzaba a flotar en el ambiente la idea, aprobada meses después, de aumentar de la edad de jubilación (nuevo rejón en todo lo alto para los parias de la tierra y la famélica legión),  sacó el conejo de la chistera con la reforma de la ley del aborto y los suyos volvieron a cerrar filas en torno a él.

Rajoy ha hecho lo mismo: Después de haber prometido bajar los impuestos y la deuda, resulta que ha sido su gobierno el que mayor ha incrementado ambos durante la democracia. ¿Solución? Poner a Gallardón a reformar la ley del aborto, que es de las pocas cosas, por no decir la única, que diferencian a su partido del de Rubalcaba.

Es curioso, pero allá por el mes de julio los partidarios de la reforma del aborto se quejaban amargamente* de que esta no tuviese todavía fijados ni los términos ni las fechas, y a Rouco Varela le costaba entender que no hubiera ni siquiera un anteproyecto de ley sobre la reforma del aborto*.

Pero, mira tú por dónde, de repente empezaron a aflorar en el PP de la trasparencia casos cada vez más graves de corrupción; también resultó que la falta de “una rigurosa justicia en el reparto de la austeridad”, prometida por Rajoy en su discurso de investidura, estaba a punto de hacer estallar la convivencia mereced a los constantes recortes y subidas de impuestos; y, por último, las cifras macroeconómicas ponían de manifiesto, una y otra vez, la ineficaz política económica de Rajoy.

Resultado: Gallardón anunciaba en noviembre la “inminente reforma de la ley del aborto”*, lanzándose de inmediato sus partidarios y detractores a cavar trincheras y a pertrecharse de palos, sin pararse a pensar si lo que están defendiendo es lógico o coherente.

Discusiones de garrote: tan absurdas como reconfortantes

Estas discusiones de garrote en las que gustamos de enfrascarnos los españoles son tan estériles como reconfortantes. Tratar de llegar a conclusiones razonadas, fundamentadas y coherentes suele ser una tarea ardua, penosa y de resultados inciertos. Quien se molesta en diseccionar un problema a fondo y sin prejuicios, al final no alberga sino grandes dudas y humildes conclusiones. Sin embargo, quien se considera en posesión de la verdad, se ahorra el penoso e incierto esfuerzo de buscarla, los sinsabores de hallarla solo a medias, y goza del placer de poder sacudir, ufano y seguro, a quienes osen atacarla o ponerla en duda, sintiéndose así el paladín de una noble cruzada.

La dinámica de estas discusiones garroteras es sencilla: Una vez que se empieza a repartir estiba todo vale. Basta con echar un vistazo opiniones que sostienen unos y otros para ver hasta qué punto, en el fragor de la refriega, se pierden las más elementales nociones de lógica, coherencia y reciprocidad, resultando muchos de los argumentos esgrimidos tan incongruentes como ridícula la forma de esgrimirlos. Veamos algunos ejemplos. 

Una de las principales razones que esgrimen los partidarios de la reforma de la ley del aborto es que “el aborto provocado es algo inmoral”*. Quizá no les falte razón, pero lo que la actual reforma pone en juego no es la moralidad o inmoralidad del aborto, sino si el Estado ha de arrogarse la competencia de moralizar a la sociedad a golpe de ley orgánica. Pues bien, resulta paradójico que la Conferencia Episcopal Española que clamó en su día que el Estado no debía inmiscuirse en cuestiones de educación moral cuando el gobierno de Zapatero introdujo el estudio de la educación cívica en la enseñanza*, pida ahora al Estado que tome cartas en este asunto.

Como digo, lo fundamental de la reforma no es dirimir si el aborto es moral o inmoral, sino si debemos convertir aquello que sea inmoral en delito. Posiblemente no sea mala idea, pero lo cierto es que hay decenas de conductas como el adulterio, el desigual reparto de la riqueza, la embriaguez, la usura, el consumo de drogas o ver Salvame que por muy inmorales que sean no están consideradas delito. Por tanto, no es coherente entrar a legislar unas sin legislar las otras. Si consideramos que el Estado está para promover la virtud, ha de promoverla en todas las esferas. Y, por el contrario, si consideramos que el Estado no puede atribuirse tal competencia, no puede atribuírsela en ningún caso.

Si resultan lisérgicos los argumentos de los defensores de la reforma, no menos estupefacientes resultan los de sus detractores.  La izquierda, que generalmente se caracterizan por poner el énfasis en el papel capital del Estado como baluarte de los valores sociales, en detrimento del individualismo, no tiene empacho en afirmar que el seguir adelante o no con un embarazo es una cuestión meramente individual de la mujer, en la que el Estado no debe inmiscuirse*. Esto, además de entrar en flagrante contradicción con el hecho de que el aborto pueda considerarse un derecho que debe ser garantizado por el Estado, cosa que también reivindican, pasa por alto algunos datos de sumo interés.

Si echamos un vistazo a las estadísticas que nos proporcionan el INE* y el Ministerio de Sanidad*, nos damos cuenta que no es un asunto estrictamente individual, pues desde el año 2000 han nacido en España 5.518.599 niños y se han practicado 1.251.979 abortos. Es decir, el aborto bien puede ser considerado un problema de salud pública, pues es la causa de que una sexta parte de los embarazos no lleguen a término. Si pudiese atribuirse a cualquier otra causa un número semejante de embarazos malogrados, de forma tan drástica e inequívoca como sucede con el aborto (pongamos por caso polución ambiental, mala alimentación, virus, o cualquier otra cosa), muchos de los que hacen ahora del aborto un asunto particular, clamarían por que el Estado tomase medidas para paliar tamaña pandemia.
 

Como vemos, el aborto puede fácilmente trascender los límites de la conciencia individual y tornarse un problema socio-sanitario e, incluso, socio-económico. Algunos colectivos feministas, detractores de la reforma, así lo han entendido y, como medida de protesta, para dejar claro que las mujeres son exclusivamente dueñas de su cuerpo y de cuanto en él se produce, decidieron hace unos días inscribieron sus cuerpos en el registro mercantil*. La idea es francamente imaginativa, pero resulta un tanto incoherente que provenga de quienes critican que la publicidad convierta el cuerpo de la mujer en un objeto. 

Además de contradictoria, resulta jurídicamente endeble, pues aunque el artículo 33 de nuestra constitución prevé, como norma general, que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos”,  deja la puerta abierta a que pueda llevarse a cabo “por causa justificada de utilidad pública o interés social”. Y como hemos dicho, algo que diezma en una sexta parte los nacimientos bien podría considerarse tal. 

Hablando de expropiaciones, otro hecho realmente curioso es que esa expropiación masiva de úteros no va a ser llevada a cabo por los defensores de la colectivización de los medios de producción, sino por la derecha que enarbola la bandera de la libertad empresarial y detesta (al menos en teoría), que el gobierno se inmiscuya en los asuntos económicos. Y todo ello, además, sin tener en cuenta que dicha expropiación ha de llevarse a cabo, según el mencionado artículo, “mediante la correspondiente indemnización”. Es decir, en términos económicos, se priva a las mujeres de su derecho a decidir qué, cómo y en qué condiciones se produce en su útero, sin que medie la correspondiente indemnización, pues la ley les obliga a tener hijos sin proveer de los medios para que esto no lesione los intereses económicos o la libertad de la madre.

Por último, no menos curioso contemplar como muchos de los abogan por la intervención del Estado en favor de los débiles frente a los fuertes (en asuntos como la venta de preferentes, los desahucios, el maltrato a los animales, etc.), se ponen ahora en contra de la parte débil (por estar el feto inerme y totalmente a merced) y a favor de que la embarazada pueda hacer, con lo que pulula en su vientre, lo que le venga en gana. Quizá puedan esgrimir que el feto no es una persona y, por tanto, carece de derechos que puedan ser reclamados en su nombre. Pero una corporación (persona jurídica) o un caniche tampoco son, sensu estricto, personas y no por ello quedan desamparados.

Conclusiones modestas y poco concluyentes

Voy a tratar, a sabiendas de que la tarea es ciclópea, de intentar poner un poco de orden en todo este batiburrillo dialéctico. Con cuidadín, eso sí, y siendo consciente de que las conclusiones a las que llegue pueden ser parciales, susceptibles de mejora y pueden dejar más lectores descontentos que satisfechos.

Después de todo lo expuesto, creo que tanto tirios como troyanos coincidirán conmigo en que el más execrable de todos los delitos es quitar la vida. Del mismo modo, creo que también coincidiremos en que, a la inversa, no hay mayor generosidad que el darla. Robar, como asesinar, es considerado un delito. La falta de generosidad, por sangrante y dolorosa que a veces pueda resultar, no se considera tal. Luego conviene tener en cuenta que no todo lo que resulta moralmente execrable resulta ser jurídicamente punible. 

Lo anteriormente expuesto no quita para que el Estado no tenga competencias en esa cuestión. El aborto, como dijimos, bien puede considerarse un problema de salud pública, con lo cual es Estado estaría legitimado para actuar en aras del bien común. Ahora bien, esta actuación quizá no debería ir más allá de que el Estado promueva los medios para prevenir las causas y paliar las consecuencias, como sucede en el caso del alcoholismo y la drogadicción. Cabría preguntarse si existe alguna razón  para pedirle al Estado que vaya más allá, pues del mismo modo que el ordenamiento jurídico no obliga a nadie a donar uno de sus riñones para sacar adelante otra vida, quizá tampoco podría obligar a la madre a donar su cuerpo para que en él se geste otra. Lo que sí debería hacer (y no entiendo bien por qué no se hace) es crear algo similar a la organización nacional de trasplantes, que permitiera que sacar adelante un embarazo no significase hipotecar una vida; así como poder adoptar en España a miles de parejas que ahora se ven obligadas a hacerlo en el extranjero.

Del mismo modo, es cierto que, desde el punto de vista económico, el interés nacional puede justificar la expropiación de los medios de producción siempre que medie una indemnización. Pues bien, si el gobierno no se plantea expropiar en sectores estratégicos como la banca, las eléctricas o los hidrocarburos en aras de ese interés, tampoco parece estar legitimado para esgrimir ese argumento a la hora de expropiar a las mujeres la titularidad de su cuerpo. Máxime si tenemos en cuenta que no solo la ley no prevé indemnizar a las mujeres, sino que se presenta precisamente en un momento en el que se están recortando las ayudas sociales y las ayudas a la dependencia*.
  

Si han llegado al final de este artículo, habrán podido comprobar lo que ya avancé: El camino ha sido largo, tedioso y las conclusiones no acaban de convencer (a mi por lo menos). Quizá hubiese sido mejor despachar, en cuatro párrafos, unos cuantos argumentos circulares con los que rebatir las tonterías del rojeras de su vecino del quinto mientras pasean al perro, o las sandeces del fachorro del tercero mientras toman café en el bar de abajo. Mejor aún, y dos veces bueno por ser más breve: un twit que sentenciase con una frase sonora y rotunda, algo en plan “la que se espatarre que apechugue”. Pero desengáñense, si han llegado al final del artículo eso ya no les vale. Si no ha dejado de leerlo al grito de "basura ultracatólica", "pasquin feminazi", "propaganda anticlerical", "sandeces de rojos" o cosas por el estilo, es que está en condiciones de contemplar la realidad sin cataplasmas ni anteojeras. Una vez que ha abierto uno los ojos, es muy difícil cerrarlos y hacer como si nunca hubiésemos visto.