Luis Bárcenas y las Cincuenta sombras más oscuras de nuestra democracia

Te quiero dolorida, nena. Quiero que, cada vez que te muevas mañana, recuerdes que yo he estado dentro de ti. Sólo yo. Eres mía.

Christian Grey

Obtendré un gran placer, incluso una gran alegría, si te sometes. Cuanto más te sometas, mayor será mi alegría. La ecuación es muy sencilla.

Christian Grey

Promesas y dolor

            En nuestro anterior artículo hablamos de cómo el discurso de investidura de Mariano Rajoy nos había hecho concebir, siquiera superficialmente, algunas esperanzas de cambio. Y hablamos también de como sus primeras medidas ensombrecieron esa tenue luz que sus palabras habían encendido. Hoy vamos a volver brevemente a ese discurso inaugural para sintetizar sus propuestas y ver como éstas han sido llevadas a cabo. La intención de esta tarea, a pesar de lo que pudieran sugerir el título, no es la de poner a caer de un burro a Rajoy, que para eso ya está Lucía Etxeberría^[1], sino sencillamente dejar hablar a los hechos.   Y estos no ponen manifiesto que la política de Rajoy ha sido un  fracaso, sino justamente  todo lo contrario: Podría decirse que ha sido un éxito rotundo.

           Como señalábamos el otro día, el programa de Gobierno presentado por Mariano Rajoy perseguía dos grandes objetivos: 

“Estimular el crecimiento y potenciar la creación de empleo”

“Asegurar la plaza que corresponderá a España y a los españoles en el mundo que surja de esta crisis”

            Para conseguir esos objetivos el gobierno habría de llevar a cabo las siguientes tareas:

1) Lo primero era conseguir la estabilidad presupuestaria, pues “nunca han  partido los períodos de crecimiento y mejora del bienestar de nuestra sociedad de los déficit, del exceso de deuda pública, o de las facturas en los cajones”.

2) En segundo lugar había que proceder al saneamiento del sector financiero, dado que, palabras de Rajoy “no será posible la recuperación de niveles adecuados de crédito y liquidez para las empresas y las familias españolas sin el saneamiento y posterior reestructuración del sistema financiero”.

3) Finalmente era imprescindible acometer reformas estructurales para que nuestra economía sea más flexible y competitiva. Entre las medidas a llevar a cabo destacan:

            ― “Poner en marcha un paquete de medidas económicas, empezando por el sector público, para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades”.

            ― Llevar a cabo “una profunda modernización de la legislación laboral, al servicio de la creación de empleo”

            ― Definir un “marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores”.

            ― Reformar el sector energético, pues es “un factor clave en la competitividad de las empresas españolas” y, como el mismo Rajoy apuntó en su discurso, nuestra electricidad es la tercera más cara de Europa para consumo doméstico y la quinta más cara para consumo industrial.

            ―“Recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y potenciar el respeto  a su independencia e imparcialidad”, dado que “la Justicia es el poder que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos, pero también es un factor esencial de competitividad y de confianza en las instituciones”.

            ― Por último el impulso reformista del gobierno habría de “extenderse también al mantenimiento y mejora de nuestro sistema del bienestar”, proponiendo un “Pacto por la Sanidad con todos los partidos políticos, Administraciones públicas y profesionales implicados” y buscando “garantizar el derecho a la jubilación y el poder adquisitivo de los pensionistas”.

Estabilidad presupuestaria

            Comencemos por la estabilidad presupuestaria. El equilibrio presupuestario puede lograrse de dos formas: Reduciendo gastos o incrementando los ingresos. Rajoy, hombre ecléctico donde los allá, ha hecho uso de las dos: Además de los recortes llevados a cabo en sanidad, educación  y pensiones, al presidente del gobierno no le ha temblado la mano a la hora de subir los impuestos existentes o crear otros nuevos.

            Según informaba el periódico El Plural en su edición del 28 de junio de 2013, el Partido Popular El PP ha creado 10 nuevos impuestos desde que gobierna^[2] y ha subido todos los demás escudándose, en muchos casos, en las imposiciones de Bruselas^[3]. Bueno, todos no, según informaba el Diario de Mallorca dos días más tarde, el gobierno central tenía previsto bajar el impuesto de matriculación de yates^[4].

            A pesar de los recortes y los sablazos, las cuentas no acabaron de cuadrar y España cerro el 2012 con el mayor déficit público de la zona euro (10%)* y en vista de que las perspectivas para 2013 no eran mucho mejores, la Comisión europea recomendó a comienzos de mayo ampliar en dos años el plazo previsto para cumplir con el déficit estipulado del 6,5%.  Por otro lado, la deuda pública ha seguido la estela del crecimiento exponencial  inaugurada por el anterior gobierno (¿Quién dijo cambio?). Así, si al comienzo de la legislatura se situaba en torno al 70 % del PIB,  se prevé que al año que viene supere el 103%. Todo esto sin tener en cuenta los trucos contables que mencionaré al hablar de la recapitalización bancaria y la limpieza de activos tóxicos, amén de los organismos en los que la administración tiene una participación inferior el 50%. Si los incluyésemos el porcentaje de deuda pública con respecto al PIB a finales de 2012 sería de un 112%^[5].

            Y todo ello jalonado por momentos veraniegos estelares en los que la prima de riesgo rozo los 650 pb y en los que, de no ser porque super Mario Draghi se puso el traje de faena el 26 de julio del pasado año y dijo que “el BCE está dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar el euro”,  el país hubiese caminado con paso alegre y decidió hacia la bancarrota. Hablando de banca rota, pasemos a echar un vistazo a la restructuración del sistema financiero

El saneamiento del sector financiero

            El saneamiento y reestructuración del sector financiero era el otro campo en el que el gobierno se iba a tener que emplear a fondo, pues según nos contaban, de ello dependía que el crédito volviera a fluir. Para tamaña empresa se contó, como nos informa José Francisco Bellod, con 

 “una amplia variedad de instrumentos financieros con y sin reflejo presupuestario, e incluso con la creación de nuevos organismos ad hoc (FAAF, FROB, SAREB…); en un proceso de ingeniería financiera que resta transparencia al proceso y trata de enmascarar el coste para las Administraciones Públicas (déficit público, deuda pública) y para los ciudadanos”^[6]. 

         Mediante estos instrumentos los bancos han recibido inyecciones de capital provenientes del Estado (con cargo a los Presupuestos Generales) y de la Unión Europea (que tras la firma del Memorandum de Entendimiento concedió un línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, de los que hasta el momento se han empleado 40.000) a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación bancaria, del Fondo de Garantía de Depósitos y del MEDE. Así mismo, el Estado ha depositado avales en favor de las entidades bancarias; ha dispuesto esquemas de protección de activos  y, como colofón a la socialización de deudas privadas^[7], ha traspasado los activos tóxicos de los bancos (procedentes en su mayoría del crédito a promotores) de su balance al de la SAREB. Esto por no hablar de las emisiones masivas de liquidez a las que nuestros bancos acudieron sedientos^[8] y que han hecho que la deuda del Banco de España con el Eurosistema sea de  336.699 millones de euros.  

            Así las cosas, la cuantía total del dinero comprometido, tanto en ayudas directas como indirectas, se eleva a más de medio billón de euros, en concreto a  512.994 millones, según los cálculos de Jesús N., de La Proa del Argo, en su artículo sobre el auge y la caída de las cajas españolas^[9]. De ellos 40.000 millones son prácticamente irrecuperables, lo que equivale a 850 euros por habitante^[10]

            Además de las inyecciones de capital o del saneamiento de activos, muchas de las entidades intervenidas han tenido que imponer quitas a sus acreedores. Entre estas quitas la parte del león se la han llevado los preferentistas, que han aportado 13.000 millones del rescate a la banca, un 22% del total^[11]. Ahí es nada.

            La venta masiva de preferentes comenzó en 2008 cuando las cajas, acuciadas por la terrible falta de liquidez en el mercado interbancario tras la caída de Lehman Brothers y la pérdida de valor de muchos de los activos de su balance, empezaron a comercializar, con el visto bueno (o la complicidad, según se mire) de la CNMV y el Banco de España, estos productos de forma masiva. En sí mismas, las participaciones preferentes no constituyen una estafa, si bien es cierto que su venta sí que pudo ser en muchos casos fraudulenta, pues las participaciones preferentes son, en palabras de José Francisco Bellod, “un activo de renta fija o variable privada no acumulativa, condicionada, de carácter perpetuo pero amortizable anticipadamente, subordinado y carente de derechos políticos”^[12]. Es decir productos financieros de muy sofisticados solo aptos para expertos que fueron vendidas, en muchos casos, como si tuviesen  el riesgo de un depósito a plazo e incluso a personas analfabetas^[13].

            Finalmente, la venta de acciones en manos de las cajas nacionalizadas fue otra de las medidas propuestas para sanear el sector, si bien en muchos casos esta venta no se ha llevado a cabo con un criterio estrictamente económico, sino con vistas a mantener las cuotas de poder adquirido por los actuales gestores dentro del accionariado de estas compañías^[14] .

            ¿Ha servido para algo la reforma del sector financiero? Pues la verdad, por más dinero que gasten en decirnos que se ha vuelto a abrir el grifo^[15], el crédito bancario sigue descendiendo vertiginosamente y sin muchas perspectivas de que se recupere en un futuro cercano^[16].  Según las últimas estimaciones de la Troika, no será por lo menos hasta 2014 cuando este hecho tenga lugar, si bien otras reputadas opiniones, como el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, pone como fecha el 2015^[17]. Teniendo en cuanta que en 2012 propuso que sería en 2014^[18], no es del todo descabellado pensar que muy probablemente Rajoy acabe la legislatura sin que el crédito vuelva a estar al alcance de PYMES y familias.

            No obstante, por el camino sí que se han conseguido otras cosas: La creación del banco malo (SAREB) ha salvado al sector inmobiliario español (los señores del ladrillo^[19]) de la quiebra total (aun así los promotores ya deben 206.000 millones, un 20% del PIB, a la banca; con una morosidad del 29%^[20], un porcentaje tres veces superior a la de las familias) pues amen de refinanciar deudas y cambiar liquidez por activos, el banco malo se ha convertido en un inmenso congelador público^[21] donde se acumulan los inmuebles para que los precios no bajen, de modo que los balances de los bancos no se deterioren ni las grandes inmobiliarias deban asumir aún más pérdidas.

            Como puede verse, el  rescate bancario se ha llevado a cabo sin renunciar a nuestro espíritu patrio playero, pues no solo se ha echado mano de la nevera de plástico azul y blanca (como los colores del emblema de la SAREB) para mantener los pisos fresquitos, sino que también las grandes entidades bancarias han podido acudir al mercadillo a comprar bancos y cajas nacionalizados por un euro, como el que compra pulseras y chapas. ¡Bancos a un euro! Este fue el precio que pagó BBVA por UNIM, La Caixa por el Banco de Valencia y El Banco de Sabadell por la CAM^[22].

            Con el déficit sin equilibrar y el crédito sin fluir, vamos a echar un  vistazo al estado de las reformas, empezando por la del mercado laboral, que fue la primera gran reforma en llevarse a cabo.

La reforma del mercado laboral

            La primera reforma de gran calado acometida por el Partido Popular fue la del mercado laboral. Y aunque, como vimos el otro día, en un primer momento Rajoy había manifestado que el diálogo iba a ser el instrumento para coordinar y encauzar la energía de la nación,  quizá espoleado por situación crítica y urgente del país, o sencillamente excusándose en ella, prescindió de tan  parsimoniosa herramienta^[23], e impuso su reforma por decreto^[24], tal y como había vaticinado que al final sucedería Jesús Terciado^[25], a la sazón presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE :

«Me temo que para implementar medidas inmediatamente tendrá que ser por decreto, para ciertos temas muy concretos que se necesitan dinamizar rápidamente».

            La reforma laboral, a pesar de lo que como un mantra habían venido repitiendo los dirigentes del PP^[26], supuso un abaratamiento del despido^[27] y un torpedo en la línea de flotación de la negociación colectiva^[28]. Paradójicamente, en aras de la creación de empleo se abarataba el despido, pero ¿estaba la reforma realmente en consonancia con la declarada voluntad de Rajoy de crear empleo? 

            Santiago Niño Becerra, en un artículo^[29] aparecido durante esos días, afirmaba:

“Cualquier reforma laboral que en un país o zona hoy sea abordada perseguirá uno de estos dos objetivos: o favorecer la creación de empleo nuevo, o reducir los costes laborales. Los dos juntos hoy son imposibles”. Y continuaba: “España hoy, ¿puede reducir los costes laborales?, sí, evidentemente. España hoy, ¿ganará algo reduciendo sus costes laborales?, de forma generalizada, no. Si se analiza el volumen de los costes laborales en España se observa que son de los más reducidos del área euro, sin embargo la razón que se esgrime para disminuirlos es la ganancia de competitividad.”

       Como muy bien explicaba Carlos Sánchez en otro artículo publicado en El Confidencial^[30]

“más del 95% del tejido empresarial español no está afectado por convenios de empresa, y por eso articular una reforma laboral en torno a esa figura es simplemente un disparate. Básicamente por una razón: apenas 2.021 empresas -han leído bien- tienen en España más de 500 trabajadores”.

            ¿En quienes se estaba pensando cuando se hizo la reforma? En los trabajadores es evidente que no, pues como acabamos de comentar se han lesionado sus intereses y ello no ha servido para crear empleo. En las PYMES, por lo que Carlos Sánchez cuenta, parece que tampoco. ¿Entonces? 

            Supongo que cada cual habrá hecho sus cálculos y habrá sacado sus conclusiones, pero es importante tener un dato en cuenta: Por poner solo unos cuantos ejemplos, desde que se aprobó la reforma laboral empresas como Telefónica^[31],  Bankia^[32], Iberia^[33], Roca^[34], Ericsson España y Pikolin^[35] han solicitado la apertura de expedientes de regulación de empleo; y otras como  Indra^[36] o El Corte Inglés^[37] han acometido reestructuraciones de plantilla.

Reforma de la administración

            La reforma de la administración ha sido otro de los frentes abiertos por el gobierno. Y digo “abierto” porque dicha reforma dista mucho de estar pergeñada, a pesar de las grandilocuentes declaraciones de Soraya Saez de Santamaría cuando presentó a bombo y platillo el informe con las recomendaciones (sí, sí, han leído bien, recomendaciones; de momento la cosa se queda en eso) de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.  

          Este informe es, en opinión de los expertos, poco más que una declaración de intenciones o, según la gráfica expresión de Elisa de la Nuez en su artículo^[38] sobre el asunto: “maquillar un cadáver”. En opinión de esta misma autora

“el problema fundamental es que el informe no cuestiona el modelo de organización territorial y político que ha convertido en mastodóntico, ineficiente, carísimo, en buena parte inútil y, en definitiva, inviable económica y organizativamente nuestro sector público en apenas dos o tres décadas”.

        Su puesta en marcha, según la vicepresidenta, podría suponer un ahorro de hasta 37.700 millones de euros, entre los que se incluyen ya hasta los gastos de desplazamiento que se evitarán los ciudadanos en sus trámites con la administración (¿Han calculado hasta los que van a pie y los que van andando?).

             Sin embargo ni todos los cálculos son tan optimistas, pues algunos autores cifran dicho ahorro en 2100 millones de euros anuales^[39], ni se cree que la reforma pueda ser puesta en marcha en su totalidad sin una reforma previa de los estatutos de autonomía y de la Constitución^[40], con todo lo que ello conlleva.  Entre tanto, las televisiones y radios públicas autonómicas han recibido 1.100 millones más en subvenciones que al arrancar la crisis^[41]. A falta de pan, buenos son la propaganda y el circo.

La ley de emprendedores

            El trámite de ley de emprendedores que, según el discurso de investidura de Rajoy, iba a tener una “prioridad preferente” no se inició hasta el 24 de mayo de este año, con la presentación del anteproyecto de ley en el Congreso. El citado anteproyecto, además de medidas que resulta incomprensible que no hayan entrado todavía en vigor, como aplazar el pago del IVA hasta cobrar la correspondiente factura o la simplificación de los trámites burocráticos para crear una empresa^[42], introduce otras bastante discutibles, como que se facilite el permiso de residencia a aquellas personas que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros y compras de deuda pública por más de 2 millones de euros^[43].

            Borja Prieto, autor del libro De parado a empresario, hace un análisis bastante incisivo en su blog de la Ley de Emprendedores^[44]. La conclusión a la que llega es bastante esclarecedora:

Cuando analizas medida por medida te das cuenta de que están hechas para conseguir titulares en la prensa, pero en absoluto para ayudar a una persona que sin más recursos que su capacidad de trabajo intenta salir adelante por su cuenta.

            No es el único que ha denunciado el contenido de la ley no se corresponde con sus supuestas intenciones.  La Asociación Profesional del Trabajo Autónomo de Euskadi, que engloba a más de 300 asociaciones y más de 350.000 autónomos ha criticado que la Ley de Emprendedores esté pensada para “fórmulas empresariales de gran dimensión" y no para la de "emprendedores y autónomos”^[45].

La reforma del sector energético

            La reforma del sector energético es otra de esas medidas urgentes que ha tardado casi dos años en aprobarse. Supongo que, después de 33 reformas desde 1998^[46] que no han evitado que el precio de la luz se disparase, había pocas esperanzas depositadas en que el recibo bajase esta vez. Pero lo cierto es que no solo no ha bajado, sino que la reforma traerá en agosto una subida media del 3,2% según los cálculos del Ministerio^[47], pero que puede llegar a suponer que una familia que paga 100 euros pase a pagar 127, es decir, in incremento de más del 20%^[48] . De este modo, si nuestra luz era antes la tercera más cara de Europa, pasa a ocupar el segundo lugar, tras desbancar a Malta de esta posición^[49].

            Podría pensarse que esto es debido a la ineficiencia de nuestra capacidad de para producir energía, pero si tenemos en cuenta que los costes de producción comprenden, aproximadamente, el 25% del precio final^[50], está hipótesis pierde bastante fuerza.

            Una recomendación de la Comisión Europea de mayo de 2012 puso el dedo en la llaga sobre los verdaderos males del sector^[51]:

Las verdaderas causas del déficit tarifario son la falta de competencia en el sector energético y una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas.

            Es decir, el verdadero origen del déficit de tarifa no es tanto un problema de costes de producción o primas a las renovables, como desde el lobby energético se nos quiere hacer ver, como un problema de competencia en la distribución y de inadecuación en la fijación de precios. Es decir, la solución pasa por medidas de gobierno que amplíen la competencia y valoren adecuadamente el coste de la producción; pero para ello se necesitaría un poder político menos connivente con la empresas del sector energético, cosa difícil si tenemos en cuenta que numerosos secretarios de Estado, ministros e incluso presidentes del gobierno obtienen un asilo dorado en los consejos de dirección de dichas empresas.

            Cabe decir, por último, que la reciente reforma no solo ha tocado la fibra sensible del contribuyente, que al fin y al cabo de tocada que está ya casi ni es sensible,  sino también la de las eléctricas, que al día siguiente vieron caer sus cotizaciones en bolsa^[52]. Pues bien, conviene tener dos cosas en cuenta al respecto: El escándalo de los papeles de Bárcenas ha salido a la palestra justo cuando esta ley se estaba tramitando y ha estallado poco después de aprobarse. Y, en segundo lugar, no sería la primera vez que los jefes del sector maniobran para quitarse a alguien molesto de en medio^[53].

Reforma de la justica

            Para “recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y potenciar el respeto  a su independencia e imparcialidad” Mariano Rajoy eligió como ministro a Alberto Ruiz Gallardón, antiguo alcalde de Madrid que, como decíamos el otro día, se había hecho famoso por su afición al derroche. Esta crítica quizá hubiese tenido mayor fundamento si le hubiese nombrado ministro de hacienda, pero encomendándosele la cartera de Justicia quizá esté fuera de lugar.  Además, si de algo podía presumir Albero Ruiz Gallardón es de su nítida defensa de la independencia judicial, hasta el punto de pedir en 1988, cuando era senador por Alianza Popular, la abolición del ministerio que ahora ocupa:^[54]

“Hay soluciones, señor Ministro de Justicia […] Nuestro Grupo cree que cualquier reforma que se plantee en el futuro tiene que pasar necesariamente por la desaparición del Ministerio que usted encarna. Mientras siga existiendo el Ministerio de Justicia, es difícil que desaparezca la burocratización en la Administración; mientras siga existiendo el Ministerio de Justicia, es difícil que aparezca una posible racionalización en cuanto a la administración no ya de los medios personales, sino también de los medios materiales necesarios para desarrollarla; mientras el Ministerio de Justicia no desaparezca, es muy difícil llevar a cabo una labor de Administración de Justicia independiente. Existe cobertura legal, señor Ministro. El número 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder judicial. ¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene que administrar la justicia en España? El artículo 122.2 dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. ¿Por qué el Ministerio de Justicia tiene que incurrir en responsabilidades que afectan al Poder Judicial y que deberían ventilarse única y exclusivamente en autogobierno de la magistratura? Señorías, o se suprime el Ministerio de Justicia o ustedes no están acatando el mandato constitucional. La coexistencia del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial es, en práctica, absurda e incompatible. O se administra la justicia por el Gobierno o se autoadministra ella misma, pero las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias”.

            Con semejantes alegatos como antecedentes, todo hacía esperar que Ruiz Gallardón se convirtiese en un adalid de la lucha por la independencia por la justicia y de la protección de los oprimidos. Sin embargo, como veremos, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición y así Gallardón, como Rajoy, es de los que dicen una cosa y hacen otra.

            Uno de los grandes problemas de la justicia española es la saturación de los juzgados, que convierten la administración de justicia en un proceso lento y penoso. Para aliviar esta lacra, todo el mundo esperaba que el visionario que soterró la M-30 en post del ahorro de tiempo, llevase a cabo una cuantiosa inversión en personal y medios que acabase con los atascos de los juzgados. Sin embargo Gallardón tuvo otra idea: Atajar el problema no desde el punto de vista de la oferta sino desde el de la demanda. Es decir, en lugar de incorporar más medios para impartir justicia, disuadir a la gente de acudir a ella.

            Con este fin puso en marcha la conocida como Ley de Tasas^[55] que, aunque excluye su cobro en las denuncias de orden penal (todavía se puede denunciar un atraco sin verse envuelto en otro), incrementa las existentes hasta en un 200% en los ordenes Civil y Contencioso-administrativo (también en el social aunque solo para recursos en segunda instancia de súplica o casación).

            La vulneración del derecho a una justicia gratuita no solamente afecta a los demandantes, en lo que podría ser expresado como “el que quiera justicia que la pague”, sino que se extiende también a los demandados pues la reforma suprimirá el acceso a un abogado de oficio “las unidades familiares que superen dos veces y media el Iprem”, ahora situado en 532 euros mensuales^[56]. Es decir, una familia en la que trabaje un solo miembro y cobre más de 1100 euros se verá obligada a contratar los servicios de un abogado en caso de ser requerida ante un tribunal. Pero vamos, con lo que se ahorran en matricular el yate tienen para pagar un abogado, vaya lo uno por lo otro.

            Si en la defensa de los oprimidos no ha estado muy fino Gallardón, lo mismo puede decirse de su lucha en post de la independencia judicial. Su proyecto para reformar el Consejo General Poder Judicial fue tachado en un escrito, redactado por cerca de cincuenta magistrados del Tribunal Supremo, tanto conservadores como progresistas e incluidos los presidentes de salas, de “innecesario” y “perturbador” pues ponía en serio peligro la independencia de este órgano^[57]. Es decir, Gallardón zanjó la disyuntiva que se planteaba en sus años mozos (“O se administra la justicia por el Gobierno o se autoadministra ella misma, pero las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias”) barriendo para casa. No cabe duda de que los años y la posición le dan a uno una visión más ponderada del asunto.

            No solo el CGPJ ha estado en el punto de mira de Gallardón. La renovación del Tribunal Constitucional (TC) era otro de los grandes quebraderos de cabeza del gobierno, pues gran parte de las medidas más impopulares promovidas por éste (Eliminación de la paga extra de los funcionarios, amnistía fiscal, Ley de Tasas, reforma laboral, etc.) habían sido recurridas ante este tribunal. Con el nombramiento en junio de este año de nuevos vocales las reformas quedaron blindadas al instalarse en este tribunal una mayoría conservadora^[58] y gobierno y presidente podían al fin respirar tranquilos: Rajoy concentraba en sus manos el mayor poder jamás tenido por un presidente del gobierno^[59] .

            Por si esto fuera poco dos nuevos proyectos de reforma, la del Código Procesal Penal y la del Código Penal, prometen depararnos grandes tardes de gloria. Así, la primera parece que se está haciendo a medida para los imputados por corrupción pues, entre otras cosas contempla los siguientes supuestos^[60]: 

1) El fiscal (cuyo maximo superior es el ministro de Justicia) será quien instruya    el delito en lugar del juez.

2) La propuesta excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas (adiós a UPyD, Manos Limpias, y demás molestias)

3) El imputado pasa a denominarse encausado

4) El encausado no declarará al inicio del juicio, como venía siendo hasta ahora, sino que lo hará "única y exclusivamente" a instancias de su abogado cuando se hayan practicado los medios de prueba en su contra. Es decir, cuando tenga todos los datos para montar su defensa sin incurrir en contradicciones con la declaración inicial.

            La segunda parece diseñada para blindar a los políticos ante los descontentos populares, según nos comenta en su análisis para El Diario.es el abogado Carlos Sánchez Almeida^[61]:

Se criminaliza la difusión de “mensajes o consignas” que inciten a la comisión de los delitos del artículo 558, “ o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Por si no causase inquietud la indefinición de dichos términos, obsérvese a qué delitos hace referencia el vigente artículo 558:

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

La reforma del Estado del bienestar.

            Vamos a acabar con el Estado del Bienestar. No, no es el objetivo, al menos  declarado, de nuestro presidente, pues al menos en su discurso de investidura abogaba por su “mantenimiento y mejora”. Lo que quiero decir es que es el último asunto del que me ocupo. Y aquí la acción del gobierno tampoco se ha ajustado estrictamente a lo propuesto. Cierto es que las competencias del gobierno en este aspecto son limitadas, pues muchas están trasferidas a las comunidades autónomas, pero si tenemos en cuenta que la mayor parte de ellas se encuentran bajo el gobierno del PP, cabría pensar, al menos en principio, que iban a obedecer los dictados que viniesen desde la Moncloa. Pero no ha sido del todo así.

            Las reformas sanitarias en el ámbito estatal no han ido encaminadas a incrementar la eficacia (como la creación de una central de compras de medicamentos), sino a reducir el gasto por la vida de la exclusión. De este modo 417 medicamentos han dejado de ser financiados por la seguridad social^[62] y 1,2 millones de extranjeros han sido excluidos de la atención sanitaria gratuita^[63].

            En cuanto a las reformas sanitarias en el ámbito autonómico han sido comandadas por Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha, que han transferido la gestión de hospitales públicos a manos privadas. Es decir, no es que se haya facilitado la implantación de la medicina privada entre la población y se haya puesto esta en competencia con la pública mediante un sistema de descuentos en la seguridad social para quienes suscriban seguros privados. No. Lo que se ha hecho ha sido poner al servicio del enriquecimiento privado recursos públicos, más concretamente al servicio de fondos de capital riesgo^[64] que operan desde paraísos fiscales^[65] y de grandes empresas^[66].

            En el plano de la educación, la futura implantación la LOMCE ha conseguido el consenso que ninguna ley educativa había conseguido hasta ahora: Todo el mundo está, por unas u otras razones, en contra de su aprobación^[67]. Así mismo, en al ámbito autonómico, las comunidades han visto en  el despido de profesores interinos^[68] y el incremento de alumnos por aula una estupenda medida de ahorro. Se han reducido la cuantía de las becas y se han incrementado los requisitos para percibirlas, lo cual ha provocado que muchos estudiantes se vean incapaces de pagar sus matrículas^[69] o que se vean obligados a pedir créditos para estudiantes, cuyos intereses han subido vertiginosamente hasta alcanzar el 27%^[70]. Es decir, no solo tenemos condenado nuestro presente, sino que estamos condenando nuestro futuro. Al respecto, Ángel Garicano, de la London School of Economics, subrayaba en un artículo^[71]:

Exijamos a los Gobiernos, del signo que sea, que sacrifiquen primero el gasto en cualquiera de los otros dos pilares del Estado de bienestar, sanidad y pensiones, si es estrictamente necesario, pero que mantengan por encima de todo la inversión en capital humano, en educación, absolutamente necesaria para asegurar el futuro del país.

            La reforma de las pensiones está todavía pendiente, pero se ha encargado su discusión a un comité de expertos que han elaborado un informe, cuyos pronósticos han sido calificadas de “alarmistas” y sus conclusiones de“recorte abusivo” por Vicenç Navarro, quien además señala^[72]:

Las políticas neoliberales que se han estado aplicando en la Unión Europea (y en la Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el énfasis puesto en la reducción de los salarios y del gasto público, junto con el desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas del capital, han sido los mayores  ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se han hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de reducción salarial y de gasto público son resultado, en parte, de la enorme influencia del capital financiero (bancos y compañías de seguros) en la gobernanza de la eurozona y de los estados. Y ahora es el mismo capital financiero el que está culpabilizando al envejecimiento de la población de la crisis de la Seguridad Social. Y el Comité de Expertos, cuya composición condiciona sus conclusiones (9 de los 12 miembros son personas  próximas a la banca y a las compañías de seguros), también enfatiza esta tesis, promoviendo como solución un enorme recorte de los beneficios sociales. La gran mayoría de los miembros del llamado Comité de Expertos son conocidos ideólogos del neoliberalismo que han mostrado su catastrofismo en sus escritos anteriores al ICE. En realidad, de expertos tienen poco. De portavoces del capital financiero, sin embargo, tienen mucho.

            Haciendo un rápido repaso de lo que hasta el momento hemos señalado, podemos concluir que el gobierno, a pesar de los recortes en gasto social y las subidas de impuestos no ha conseguido el tan ansiado equilibrio presupuestario, pues tanto la deuda pública como el déficit se han desbocado y no ha visos de que vuelvan al redil en un futuro próximo. El saneamiento del sector financiero, a pesar de la ingente cantidad de recursos comprometidos y de las quitas a los preferentistas, no ha vuelto a poner en circulación el crédito a pymes ni hogares. Y el empleo, pese a la lesiva reforma laboral para los derechos de los trabajadores, no ha hecho conseguido frenar el desempleo (exceptuando la última bajada estacional), que alcanza cotas históricas y se prevé que siga subiendo, hasta alcanzar el 27,8 a finales de 2014^[73].

            La vorágine reformista del gobierno ha traído más ruido que nueces. La reforma de la administración es poco más que una declaración de intenciones que nace ya obsoleta. La ley de emprendedores está pensada para cualquier cosa menos para los que empiezan desde cero. El recibo de la luz es todavía más caro que al principio de la legislatura, que ya es decir. La Justicia está más en entredicho que nunca. Y, finalmente, el estado del bienestar es como un señor anémico al que el doctor sólo le manda adelgazar.

            ¿Cabría decir a tenor de lo expuesto que la política de Rajoy ha sido un fracaso? Pues hombre, tal y como acabo de presentarlo, no hace falta ser un lector poco avezado para prorrumpir con un sí rotundo, pues en nada coincide la acción de gobierno de Rajoy con sus intenciones declaradas. Pero un segundo repaso a las consecuciones del gobierno quizá nos haga cambiar de idea.

Un segundo vistazo

            Las ayudas a la banca han trasvasado una ingente cantidad de recursos públicos para saldar o avalar deudas privadas. Con esto no se ha conseguido que vuelva el crédito a pymes y hogares, pero los bancos han conseguido equilibrar sus balances o impedir que se deteriorasen más como consecuencia de la quiebra de numerosas entidades que, una vez saneadas con la inestimable generosidad del contribuyente, han comprado por un euro. Gracias a ello nuestro sistema financiero goza de buena salud.

            La creación de la SAREB ha sido una buena solución para poner a resguardo de nuevas pérdidas a la banca y el sector inmobiliario, garantizando bajadas de precios suaves, lentas y ordenadas. También ha sido un éxito la venta ordenada y dirigida de las acciones de grandes empresas en manos de la banca nacionalizada, permitiendo que no se produjeran alteraciones en las cotas de poder en el accionariado de esas empresas.

            La reforma laboral y la ley de emprendedores no son éxitos menores. La primera permitirá a las grandes empresas soltar lastre de forma mucho más cómoda y barata que antes si el panorama pinta mal; y la segunda es un cajón lleno de nuevas formas jurídicas y posibilidades con las que poder conseguir, con un poco de imaginación y asesoramiento en materia de ingeniería fiscal, poner a salvo su dinero de la voracidad recaudatoria del Estado.

            La reforma de la administración y de la justicia sirven para que nuestros políticos, los fontaneros del régimen, puedan seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora pero con la cara lavada (nuestra administración es ahora mucho más ágil) y con la tranquilidad de que nadie se la va a poner colorada (ni la gente en los actos oficiales, ni los jueces cuando les llamen a declarar o tumben sus reformas).

            Es quizá en la reforma del estado del bienestar donde, aunque haya habido logros importantes, los resultados han sido más pobres. Cierto que la banca ha encontrado nuevas oportunidades de negocio en los créditos a estudiantes, en la venta de planes de pensiones y en la de seguros de salud; negocios de los que  también han beneficiado las aseguradoras y fondos de inversión, que no solamente han conseguido ampliar el mercado (seguros de salud a inmigrantes o a quienes recelen del un sistema de salud en entredicho), sino que han entrado a gestionar hospitales sin tener que invertir un euro en construirlos. Pero, aun así, el Estado todavía gestiona una porción demasiado grande del ahorro ciudadano que no revierte todos los beneficios que podría revertir en manos de la banca, las aseguradoras o las grandes empresas. Es decir, se va en la buena dirección (máxime si tenemos en cuenta el enorme riesgo de impago en que el Estado ha incurrido con su política de avales), pero queda mucho camino por recorrer.

            La reforma del sector energético ha sido sin duda el gran desencuentro, la  gran decepción, pues en el reparto del déficit de tarifa (creado en tiempos de Rodrigo Rato para que el bolsillo del ciudadano no percibiese en su momento los efectos de lo que se llamó liberalización del sector energético español) se han visto implicados no solo los contribuyentes, sino una enorme amalgama de inversores^[74], lo que provocó, como ya señalamos, una gran caída de la cotización del Ibex en bolsa y, quien sabe, si no precipitará alguna caída más.

Cincuenta sombras más oscuras

            La reforma eléctrica fue aprobada por el Consejo de Ministros el viernes 12 de julio. Pues bien, toda la semana anterior, desde el domingo 7 de julio, cuando el periódico El Mundo publicaba “Cuatro horas con Bárcenas”^[75] (donde éste asegura que está en posesión de documentos que “harían caer al Gobierno), estuvo salpicada por un constante goteo de filtraciones y amenazas veladas ^[76]. El punto álgido llegó justo un día después de que la reforma se publicase en el BOE: El Mundo desvela los SMS entre Rajoy y el ex-tesorero en los que le pide calma y le dice que hacen lo que pueden por él.

            Ante la gravedad de lo que los mensajes ponen de manifiesto, ¿qué es lo que hace el presidente de un país democrático? Rendir cuentas ante sus compatriotas en el parlamento, pues son los que le han puesto ahí. ¿Qué es lo que hizo Rajoy? Exactamente lo mismo: rendir cuentas ante quienes les han puesto ahí, que fueron los mismos que consiguieron que Zapatero convocara elecciones anticipadas^[77]. El martes 16 de julio se reunía en La Moncloa con el Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por los presidentes de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, Mapfre, ACS, Ferrovial, Mercadona, Iberdrola, y el Instituto de Empresa Familiar, representado por Grupo Barceló, Havas Media Group y Osborne. Allí Rajoy les hizo ver que es el único que puede garantizar la estabilidad del país (es decir, más reformas para que todo siga igual) y, a pesar de que ese día no acudieron a la cita ni Emilio Botín ni José Manuel Entrecanales, el Consejo Empresarial le concedió su “apoyo unánime”.^[78]

            Habrá quien diga que todo esto no es nada más que una diatriba infundada contra de Rajoy pues, a fin de cuentas, fue en tiempos de Zapatero cuando comenzaron estos encuentros con los grandes empresarios^[79], cuando se creó el FROB para recapitalizar a la banca, cuando mediante el plan E se ayudo a los señores del ladrillo^[80] y cuando comenzaron las reformas para retrasar la edad de jubilación. Y llevan mucha razón, y precisamente esto es lo que reviste tintes más sombríos: Cambiamos cada cuatro años de gobierno, pero llevamos lustros sin que nada cambie. Porque el poder político cambia, pero el económico permanece.

            Este es, y no el caso Bárcenas, el horizonte más negro de nuestra democracia: el hecho de que el poder político se haya convertido en el ariete del poder económico. Ahí residen las sombras más oscuras de nuestro sistema, en el hecho de que la sociedad civil se haya convertido en el primo que, cada cuatro años, reparte las cartas marcadas de la partida en la que se decidirá su nuevo amo. Este esta es nuestra gran desgracia: cada cuatro años en España podemos cambiar de patrón, pero no dejamos de ser esclavos.

            Ha llegado el momento de liberarse.