El gran apagón

Lo malo que tiene estar permanentemente instalado en el pasado es que cuando uno lanza predicciones, es muy probable que llegue tarde y éstas se hayan cumplido ya. Esto es lo que le está sucediendo a Vox con su vaticinio del gran apagón: llegan tarde. Éste ha tenido ya lugar. Para haber podido paliar sus consecuencias hubiese sido necesario empezar a prepararse a comienzos de noviembre..., pero del año 2000. Les cuento.

 

El Gobierno de José María Aznar y las compañías eléctricas estuvieron siempre muy bien avenidos. De hecho, hubo quien en el Parlamento acusó a éstas de haber financiado el asalto a la Moncloa del vallisoletano. Sea como fuere, desde un primer momento la colaboración fue intensa y estrecha, firmándose en diciembre de 1996 un acuerdo entre las empresas eléctricas y el Gobierno para implementar la nueva ley eléctrica que habría de dar el pistoletazo de salida a la liberalización del sector.

 

Fueron aquellos años días de vino y rosas. El Gobierno pactó con las eléctricas bajadas en el precio de la luz (que le permitirían cumplir con el objetivo de inflación fijado en los acuerdos de Maastricht para entrar en el euro), a cambio de garantizarles una ayuda cercana a los 1,9 billones (con b) de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia. 

 

Pues bien, ese amor inicial se trocó en suspicacias y recelos al final de la primera legislatura popular. La concesión de las ayudas prometidas a las eléctricas se estaba llevando a cabo a un ritmo más lento del esperado (Bruselas las había frenado porque el asunto olía a compadreo que echaba para atrás) y, para colmo, Rodrigo Rato, con las elecciones generales a la vista, decidió llevar a cabo, por su cuenta y riesgo, una rebaja de tarifas del 4% para el año 2000, cuando lo acordado con las eléctricas era justo la mitad.

 

Las empresas eléctricas agrupadas en UNESA (ahora rebautizada como Aelec) montaron en cólera. Dejaron claro al Gobierno que esto incenti­varía el consumo y provocaría un aumento de los costes de generación e incluso podría producir desabastecimiento (ABC 14 diciembre 2000:53). Qué­dense con ambas predicciones pues las compañías eléctricas, a diferencia de Vox, suelen andar muy finas con sus vaticinios; máxime si tienen que ver con ámbitos donde su poder es casi omnímodo.

 

En el mes de febrero las empresas trataron de convencer a Rato de la necesi­dad de diseñar un nuevo marco tarifario y un marco para la inversión en generación para garantizar el suminis­tro, no nos fuese a pasar como a California, dónde una in­adecuada retribución de las compañías había llevado al abandono de la inversión y a restricciones eléctricas (ABC 24 febrero de 2001:48). Pero la cosa no prosperaba. Tras ganar de nuevo en marzo el PP las elecciones, con las compañías eléctricas viendo que sus demandas seguían sin atender, a la lógica de los argu­mentos le sucedió la fuerza de los hechos.

 

Según se podía leer en la página 53 del ABC el día 5 de abril de 2000, los precios del mercado ma­yorista habían empezado a subir de forma sospechosa desde la entrada en vigor de las últimas ta­rifas aprobadas por el Gobierno. Unas subidas que en algu­nos momentos se hicieron vertiginosas, rozando el 50% (no me digan que no notan cierta sensación de déjà vu). Esto llevó a la Comisión Nacional de Energía a abrir una in­vestigación para determinar el motivo de dicha subida pues, como señalaba un día más tarde ese mismo diario (p.53), algunas fuentes afirmaban que tras la subida de precios estaban las propias empresas que pretendían así autocompensarse por vía dire­cta la disminución de ingresos derivada de la bajada de tari­fas aprobada por el Gobierno. Finalmente, la CNE deses­timó el asunto, pues las causas parecían ser múltiples y no atendían exclusivamente a un pacto colusorio.

 

El tiempo pasaba y el Gobierno popular seguía sin atender las demandas de las eléctricas, de modo que la escalada siguió su curso y así, los días 19, 20 y 21 de noviembre del 2001 la Comisión Nacional de Energía detectó precios «excepcionalmente elevados» en el mercado mayorista que provocaron que el precio de la electricidad se situase en una media de 10 pesetas por kilo­vatio/hora, llegando incluso a 16,6 pesetas en las horas de mayor demanda (casi tres veces lo habitual). El Ministerio de Economía confirmaría más adelante que existió un pacto entre las compañías Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa durante varios días de no­viembre de 2001 para retirar parte de su producción de forma concertada, lo que provocó una subida de los precios de la electricidad de hasta un 60 por ciento.

Pero esto no fue todo: el temido efecto California tampoco tardó en apare­cer. El 14 de diciembre en Barcelona una avería en un im­portante centro de distribución eléctrica de Fecsa-Endesa dejó las calles a oscuras y paralizó líneas de metro y tren, sucediéndose los apagones y cortes de suministro durante los días siguientes. La Generalitat multó a la compañía Fecsa-Endesa con 1,2 millones de euros como responsable, sanción confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después por el Tribunal Supremo.

 

A su vez, el 17 de diciembre, cuando el suministro no estaba todavía del todo restablecido en Barcelona, se pro­dujeron nuevos cortes por todo el país. En esta ocasión la demanda eléctrica superó la potencia instalada y se hubo de restringir el suministro de algunas áreas como Madrid, Valencia y Murcia. Es decir, el gran apagón (el mayor que se conoce desde las restricciones de postguerra) tuvo lugar entre los días 14 y 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y las principales ciudades del Levante.

Como cabría esperar, esto hizo reaccionar al Gobierno, y el 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, se aprobaba el R.D. 1483/2001 por el que se establecía la tarifa eléctrica para 2002. Por primera vez desde que el Partido Popular gobernaba se procedía a una subida de la luz. Esta subida del 0,412% de media sobre las tarifas apro­badas en 2001 no era exorbitada, pero significaba el fin de un ciclo. De ahora en adelante el recibo no dejaría de subir. Y en ello estamos.

 

De toda esta historia se pueden sacar un par de conclusiones interesantes: no cabe esperar un nuevo gran apagón por exceso de demanda (la potencia instalada actualmente es más del doble que el pico de demanda máxima), pero no se puede descartar algún apagón parcial, pues el mantenimiento de las redes de distribución sigue en manos de las grandes compañías eléctricas y se lleva a cabo según una retribución fija establecida por la administración, de modo que la verdadera ganancia estriba en abaratar costes. Y todo el mundo sabe a lo que lleva eso. También hemos visto cómo se sabe desde hace 20 años que el mecanismo de fijación de precios del mercado mayorista es susceptible de manipulación y que las compañías se conchaban para intentar subir los precios. Aquí, como en asunto de la distribución, tampoco ha habido cambios. 

 

¿Por qué nos cuesta tan cara la luz?